TRES MODELOS: UNO CAPITALISTA LIBERAL Y DOS SOCIALISTAS

 

ESTADOS UNIDOS: LA LIBERTAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

Las colonias americanas declaran su independencia en 1776. En el centro de su proyecto político aparecen ciertos derechos que no deberían depender de la voluntad de un gobernante. El lema de Locke: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1787 se redacta la Constitución. Se establece un gobierno limitado, con separación de poderes y mecanismos de control. 

La idea fundamental del pacto norteamericano es que el gobierno no es dueño de los ciudadanos. Su autoridad tiene límites. La tradición liberal parte de una sospecha: el poder político, incluso cuando dice actuar en nombre del bien común, puede convertirse en una amenaza para el individuo. 

De ahí la división de poderes. Por eso importa la libertad de expresión. Por eso importa la propiedad privada. Por eso importa que el gobierno pueda ser cuestionado y reemplazado. Toda historia tiene su lado oscuro. 

El liberalismo no exige que el Estado permanezca indiferente ante toda desigualdad. En la historia estadounidense hubo legislación laboral, seguridad social, educación pública y políticas de protección social. Desde la esclavitud del siglo xviii hasta hoy, el país ha demostrado su capacidad de cambio social.

Del experimento americano aprendemos un punto de equilibrio importante: que en la economía de mercado (capitalismo) pueden coexistir mecanismos de redistribución y de protección social. 

Lo crucial no es si el Estado debe hacer algo para corregir las desigualdades, sino hasta dónde puede llegar sin destruir las libertades que está obligado a proteger. 

CUBA (VENEZUELA): LA IGUALDAD COMO PUNTO DE PARTIDA Y PROYECTO DE ESTADO 

Cuba, 1959. La revolución acaba de triunfar. Batista ha huido. Existe un enorme descontento con la corrupción, la represión y las desigualdades sociales del régimen anterior. Fidel Castro llega al poder con promesas de justicia social, soberanía nacional y transformación política. Muchos cubanos esperan una sociedad más digna, con educación, salud y oportunidades para todos. En 1959 comienza la reforma agraria. 

En 1960 se nacionalizan numerosas empresas y propiedades. El Estado va concentrando el control de la economía. 

En abril de 1961 Castro declara el carácter socialista de la revolución. El país se alinea con la Unión Soviética. En 1976 entra en vigor una nueva Constitución que establece al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. 

Si el Estado controla los medios de producción, ¿quién controla al Estado? 

Pensemos en el trabajador. En una sociedad liberal, el trabajador puede buscar otro empleo, crear una empresa, asociarse con otros, negociar su salario o criticar al gobierno. En el modelo cubano, el Estado se convierte en el principal empleador, propietario y organizador de la economía. La autonomía económica del individuo se ve aplastada. 

Cuando el poder se concentra en un partido único, la oposición pierde la posibilidad efectiva de sustituir al gobierno mediante una competencia política plural. La igualdad se convierte en un dictado administrado desde arriba.  

¿Si el sistema prometía garantizar las necesidades de todos, por qué no lograba producir suficiente riqueza para satisfacerlas? 

El castrismo (el chavismo) destruyó el tejido empresarial privado que sostenía la vida cotidiana del país. El Estado pasó a controlar actividades que antes realizaban miles de propietarios independientes. Y aquí surge la primera cuestión macroeconómica: el Estado no puede simplemente sustituir a los propietarios. En términos económicos, lo que hizo fue sustituir un sistema descentralizado de toma de decisiones por una burocracia administrativa. 

¿Qué ocurre cuando desaparece el propietario? La pérdida de las fuerzas productivas. Pongamos un ejemplo sencillo. 

Un cubano (venezolano) tiene una pequeña cafetería. Es dueño del local, compra los ingredientes, contrata a dos empleados, conoce a sus clientes y sabe qué productos se venden mejor. Si la cafetería funciona, gana dinero. Si administra mal, pierde dinero. Si no atiende bien, los clientes se irán a otra cafetería. 

El dueño tiene un incentivo permanente para: 

• Cuidar sus equipos y sus instalaciones. 

• Evitar desperdicios. 

• Comprar mejor y negociar precios. 

• Innovar y mejorar el servicio. 

• Invertir para ampliar el negocio. 

• Conservar a sus clientes. 

Su interés personal está vinculado a la productividad del establecimiento. Ahora imaginemos que el Estado se apropia de la cafetería. El antiguo propietario desaparece como agente económico. En su lugar aparece un administrador nombrado por una autoridad superior. Ese administrador no necesariamente pierde su empleo si la cafetería funciona mal. Tampoco necesariamente recibe una recompensa si logra duplicar las ventas. Sus decisiones dependen de una estructura burocrática, de un presupuesto asignado y de instrucciones administrativas. 

Aquí observamos una diferencia económica fundamental: el propietario asume las consecuencias de sus decisiones; el administrador estatal no asume las mismas consecuencias patrimoniales. 

Veamos los cuatro mecanismos económicos que se deterioran (según la macroeconomía).

A: Los incentivos: En economía, el incentivo es el estímulo que orienta las decisiones de las personas. 

El empresario tiene un interés directo en aumentar la productividad porque una parte de las ganancias le corresponde y porque puede perder su inversión si fracasa. Cuando se elimina la propiedad privada y se debilita la relación entre esfuerzo, resultado y recompensa, ese incentivo desaparece. 

—¿Para qué voy a esforzarme más si mi remuneración no depende significativamente de cuánto produzca? Un sistema económico necesita mecanismos que conecten el esfuerzo con sus consecuencias. 

B: La asignación de recursos: En una economía de mercado, los precios transmiten información primordial. 

Si un restaurante no tiene clientes, debe cambiar su oferta, mejorar su servicio o cerrar. El mercado transmite millones de señales que permiten ajustar las decisiones de producción y de consumo. En una economía centralizada, estas decisiones recaen en funcionarios que deben determinar qué producir, cuánto producir, dónde distribuirlo y a qué precio. 

El problema es de información: ningún organismo central dispone automáticamente del conocimiento local y cambiante que poseen millones de consumidores, comerciantes, trabajadores y productores. 

C. La inversión y la acumulación de capital: El propietario tiene razones para reinvertir sus beneficios: comprar maquinaria, reparar el establecimiento, ampliar el negocio o contratar trabajadores. 

Cuando la propiedad está sujeta a expropiaciones o cambios arbitrarios, disminuye la seguridad para invertir. 

¿Qué sentido tiene arriesgar tus ahorros en una actividad cuyo resultado podría ser confiscado por el Estado? ¿La consecuencia? Reducción de la inversión privada, de la modernización y de la acumulación de capital productivo. 

D. La competencia y la innovación: Cuando hay varios negocios independientes, cada uno intenta atraer clientes. 

Un restaurante introduce un plato nuevo. Otro mejora los precios. Otro amplía sus horarios. Otro ofrece un servicio más rápido. La competencia obliga a mejorar. Cuando el Estado monopoliza una actividad, el consumidor pierde alternativas. Si el servicio es malo, no puede acudir a otro proveedor. 

El monopolio administrativo puede sobrevivir incluso cuando no satisface adecuadamente las necesidades de sus clientes. ¿Qué ocurre si se debilitan los incentivos a la inversión, se deteriora la organización productiva, se pierde conocimiento empresarial y se reduce la competencia? La productividad cae. La inversión disminuye, y el capital productivo se deteriora. El país no solo distribuye peor lo que produce, sino que produce menos de lo que podría producir. 

DISTRIBUIR LAS RIQUEZAS YA EXISTENTES NO ES LO MISMO QUE CREAR NUEVAS RIQUEZAS. 

Lo anterior describe el fracaso del socialismo en Cuba y Venezuela. 

Un gobierno puede redistribuir recursos mediante impuestos, subsidios o transferencias, pero no puede garantizar indefinidamente el bienestar de la población si destruye o debilita los mecanismos que los generan. 

6. ¿Puede el burócrata sustituir al empresario? El empresario no es simplemente alguien que tiene dinero. Es alguien que descubre oportunidades, asume riesgos, coordina recursos, toma decisiones y responde por sus resultados. Es una máquina microeconómica. 

El Estado, por su parte, puede construir carreteras, financiar hospitales, regular mercados, establecer normas y prestar servicios públicos. No existe incompatibilidad alguna entre un Estado activo y una economía productiva. 

El problema surge cuando se pretende sustituir sistemáticamente la iniciativa descentralizada de millones de agentes económicos. Un funcionario puede administrar una empresa con eficiencia. Pero un aparato burocrático centralizado tiene dificultades para reproducir simultáneamente: 

• El conocimiento local de cada productor. 

• La información de cada consumidor. 

• Los incentivos para innovar. 

• La responsabilidad patrimonial. 

• La competencia entre alternativas. 

• La capacidad de corregir errores rápidamente. 

Hay un elemento político adicional: si el mismo poder que administra la economía controla también los mecanismos de crítica, oposición y fiscalización, ¿quién puede exigirle que rectifique? Aquí retomamos nuestra discusión anterior sobre la libertad y la igualdad. 

La libertad económica no es solo el derecho a enriquecerse. Es también la posibilidad de emprender, experimentar, equivocarse, competir y construir algo propio. 

La propiedad privada tiene, en este sentido, una función económica e institucional: permite que las decisiones se distribuyan entre muchos individuos, en lugar de concentrarse en una autoridad central. Imaginemos dos cafeterías. 

La primera pertenece a un propietario cubano (o venezolano). Se levanta temprano, compra los ingredientes, calcula los gastos, atiende a sus clientes y procura que el negocio prospere. Si tiene éxito, puede ahorrar, ampliar el local y contratar a otra persona. Si fracasa, pierde su inversión. La segunda pertenece al Estado. 

El administrador no. El administrador recibe instrucciones, cuenta con un presupuesto y debe cumplir determinados objetivos administrativos. Si faltan ingredientes, debe solicitarlos a otra dependencia. Si se rompe una máquina, debe esperar su reparación. Si los clientes están descontentos, no necesariamente puede cambiar los precios, los proveedores o la organización del establecimiento. 

No es que el administrador estatal no quiera hacer bien su trabajo. Es que sus posibilidades de actuar están coaccionadas por una estructura que no controla. 

Ahora, imaginemos que el gobierno decide que las dos cafeterías pasen a ser propiedad del Estado porque la propiedad privada genera desigualdad. 

Desaparece la primera. El gobierno ha logrado eliminar una brecha en la propiedad. Pero también ha eliminado una fuente independiente de producción, empleo, inversión y conocimiento. 

Y si el Estado no logra reemplazar eficazmente todo lo que hacía aquella cafetería, la sociedad no se vuelve más rica ni necesariamente más igualitaria en términos de bienestar. Se vuelve más pobre. 

La igualdad de propiedad no implica igualdad de bienestar. 

Y la igualdad de resultados no puede sostenerse indefinidamente si desaparecen los incentivos y las instituciones que permiten producir riqueza.